El sector cafetalero de Honduras, un proveedor crítico para el mercado europeo, se enfrenta a un desafío significativo al prepararse para el Reglamento de la UE sobre Deforestación (EUDR) antes de que entre en pleno vigor en 2027. La normativa exige que todos los operadores y comerciantes demuestren que su café no fue cultivado en tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, una tarea complicada por las realidades institucionales e estructurales del país.
Con más de la mitad de sus exportaciones de café destinadas a la UE, lo que está en juego para Honduras es mucho. La industria del café contribuye aproximadamente con el 5% al PIB nacional; además, es el mayor empleador del país, sustentando a unas 120.000 familias de pequeños productores. Sin embargo, la cadena de suministro está muy fragmentada, compuesta por alrededor de 98.000 productores registrados —la mayoría con menos de tres hectáreas de tierra—, cientos de intermediarios y más de 80 exportadores distintos.
Según el análisis de la industria, los principales obstáculos para el cumplimiento no están relacionados con la deforestación, ya que el café arabica hondureño se cultiva tradicionalmente bajo sombra. En cambio, los obstáculos son sistémicos e incluyen la falta de una estrategia nacional unificada, la recopilación de datos fragmentada, así como el uso de múltiples plataformas de trazabilidad que compiten entre sí por parte de diferentes exportadores. Surgen complejidades adicionales de los requisitos de debida diligencia social relativos a la tenencia informal de la tierra y los derechos laborales. Mientras algunos en la industria ven el EUDR como un catalizador para la modernización, otros expresan su preocupación de que los costes adicionales de cumplimiento recaigan sobre los productores sin una prima de precio garantizada.